El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, expuso su preocupación frente a la grave situación que afronta el país en materia carcelaria y advirtió que no cree "que para solucionar la grave problemática carcelaria y la crisis de la justicia se tenga que recurrir a una constituyente. No podemos ser rehenes del chantaje, ni prisioneros de espíritus vengativos".

En su intervención en el I Congreso Internacional ‘Hacia la Construcción de una Nueva Política Penitenciaria en Colombia’,  organizado por la Procuraduría en coordinación con la Presidencia de la República, el jefe del Ministerio Público formuló acciones que a su juicio deben “aplicarse de manera urgente” para afrontar esta situación. 

Pidió a corto plazo una política de choque para romper las barreras que impiden el “deshacinamiento y la humanización de las cárceles” y exhortó a la Corte Constitucional para que en el seguimiento a su fallo sobre el estado de cosas inconstitucionales en las cárceles, actualice las medidas necesarias para que los entes territoriales comprometan los recursos y construyan establecimientos carcelarios para los detenidos preventivamente.

“Sé que no es rentable políticamente para los alcaldes construir cárceles, máxime en los tiempos preelectorales, pero es obligatorio que todos hagan su aporte”, recalcó y advirtió que “no se trata de votos, sino de vidas humanas que exigen garantías a sus derechos”.   

Anunció que el organismo de control presentará una acción popular para defender los derechos y brindar condiciones dignas de las personas privadas de su libertad con la construcción de nuevas cárceles en los municipios. Aseguró que los colombianos deben entender que “una cárcel no es una carga social, sino una herramienta de transformación para garantizar derechos”.   

Así mismo, instó a los alcaldes a incluir este objetivo en sus planes de inversión y de desarrollo municipales.

“Nuestra apuesta es tener una política criminal que respete los derechos humanos de las personas. Así como procuramos tener cárceles más dignas y habitables, también tenemos que dar la posibilidades de reintegrarse a la sociedad cuando cumplan sus condenas”, dijo Carrillo.